Una mirada geográfica a 50 años del Niño Costero en el Perú: lecciones para la gestión del riesgo y la planificación del desarrollo

Durante los últimos cincuenta años, el Perú ha experimentado una serie de eventos hidrometeorológicos extremos asociados al Fenómeno El Niño y, más recientemente, al contexto del cambio climático global. El análisis geográfico de estos episodios permite identificar una aparente disminución en los acumulados anuales de precipitación registrados durante los principales eventos del Niño Costero; sin embargo, ello no ha significado una reducción proporcional de sus impactos sobre la población y la infraestructura.

En Piura, uno de los departamentos históricamente más vulnerables a este fenómeno, el evento extraordinario de 1983 registró precipitaciones acumuladas superiores a los 2 000 mm. Posteriormente, durante el episodio de 1997-1998, el acumulado anual alcanzó aproximadamente 1 700 mm; en 2017 descendió a cerca de 800 mm y, en 2023, se situó alrededor de 500 mm. A pesar de esta aparente tendencia decreciente en los volúmenes de lluvia, las consecuencias sociales, económicas y ambientales continuaron siendo de gran magnitud. Ello demuestra que la severidad de un desastre no depende únicamente de la cantidad de precipitación, sino también del incremento de la exposición, la vulnerabilidad del territorio y la limitada capacidad de prevención y respuesta. Para quienes vivieron el evento de 1983 en Piura, sus efectos permanecen como uno de los episodios más devastadores de la historia reciente de la región.

El escenario actual exige una reflexión profunda. Independientemente de la intensidad que pueda alcanzar un eventual Niño Costero en los próximos meses, resulta evidente que el país continúa presentando importantes brechas en materia de prevención, ordenamiento territorial y adaptación frente a los efectos del cambio climático. En este contexto, cualquier programa de inversión pública de gran envergadura debería incorporar previamente una rigurosa evaluación de riesgos, considerando los escenarios hidrológicos y climáticos que podrían presentarse hasta finales de 2026 e inicios de 2027. Ejecutar obras sin esta base técnica incrementa significativamente la probabilidad de inversiones ineficientes y de infraestructura vulnerable frente a futuros eventos extremos.

La prioridad inmediata debe centrarse en desarrollar una evaluación integral de la vulnerabilidad y del riesgo. Este proceso debe comprender un inventario actualizado de la infraestructura estratégica, los servicios públicos, los centros poblados, las áreas agrícolas, las vías de comunicación y demás elementos expuestos. Un diagnóstico técnico de esta naturaleza permitirá establecer prioridades objetivas, optimizar la asignación de recursos públicos y formular políticas de desarrollo sustentadas en evidencia científica, particularmente en una nueva etapa de gestión gubernamental caracterizada por importantes desafíos.

A partir de mediados de 2027, y siempre que se disponga de información técnica confiable y de una adecuada gestión del riesgo de desastres, podrán impulsarse las grandes intervenciones estructurales que Piura necesita desde hace décadas. La región posee enormes oportunidades para fortalecer su resiliencia mediante una planificación estratégica, continuidad de políticas públicas y decisiones sustentadas en criterios técnicos antes que coyunturales.

Una acción prioritaria consiste en realizar una evaluación estructural exhaustiva de los puentes y demás infraestructura crítica en todo el territorio nacional. La experiencia demuestra que la falla de estas estructuras durante eventos hidrometeorológicos extremos incrementa considerablemente las pérdidas humanas, económicas y sociales, por lo que su inspección preventiva constituye una medida impostergable.

Desde la perspectiva meteorológica, los mayores impactos suelen producirse cuando convergen temperaturas superficiales del mar excepcionalmente elevadas con sistemas atmosféricos favorables para la generación de precipitaciones intensas. Las actuales anomalías térmicas observadas frente a la costa peruana, que en algunos sectores podrían situarse entre 4 °C y 6 °C por encima de los valores climatológicos normales, constituyen un factor que requiere permanente vigilancia. Aunque es posible que durante agosto, septiembre y octubre dichas anomalías disminuyan parcialmente, también existe la posibilidad de que vuelvan a intensificarse hacia finales del año.

En consecuencia, los escenarios para finales de 2026 e inicios de 2027 permanecen abiertos. Las precipitaciones podrían alcanzar magnitudes comparables a las observadas durante el evento de 1997-1998; igualmente, no puede descartarse un episodio de mayor intensidad si las condiciones oceánicas y atmosféricas evolucionan de manera favorable para ello. Del mismo modo, también existe la posibilidad de que el calentamiento disminuya progresivamente y reduzca la intensidad del fenómeno. La incertidumbre forma parte inherente del pronóstico climático y, precisamente por ello, la planificación debe basarse en escenarios de riesgo y no en un único resultado esperado.

Las elevadas temperaturas del océano repercuten además sobre múltiples sectores productivos. La agricultura enfrenta mayores demandas hídricas y riesgos fitosanitarios; la pesca experimenta alteraciones en la distribución de especies marinas; la ganadería incrementa su estrés térmico; y diversas actividades industriales, entre ellas la textil, pueden verse afectadas por las modificaciones en las condiciones ambientales. En consecuencia, los impactos del calentamiento no se limitan al ámbito meteorológico, sino que alcanzan dimensiones económicas, sociales y territoriales.

Finalmente, considero indispensable que, una vez superado el período de mayor riesgo hidrometeorológico, se impulse la implementación de un Sistema Integral de Control de Inundaciones para la cuenca del río Piura. Dicho sistema debe concebirse como una estrategia integral que articule la construcción de represas multipropósito, reservorios estratégicos, canales de alivio, sistemas modernos de drenaje urbano, defensas ribereñas y obras hidráulicas diseñadas bajo criterios de resiliencia climática.

No obstante, la infraestructura por sí sola no resolverá el problema. Será imprescindible definir técnicamente la localización óptima de represas, reservorios y canales de conducción, de manera que permitan almacenar el agua generada durante los eventos extraordinarios para utilizarla posteriormente en una agricultura planificada, sostenible y adaptada a la variabilidad climática. Las soluciones técnicas existen y han sido ampliamente discutidas por especialistas; el verdadero desafío radica en transformarlas en políticas públicas sostenidas, respaldadas por decisión política, continuidad institucional y una visión de largo plazo.